Reflexiones a la Ley N° 31012 – Ley de Protección Policial


Sharon Zelada Gomero
Bachiller en Derecho por la Universidad Cesar Vallejo-Chimbote. Asistente Legal del Estudio Jurídico Montero & Asociados-Defensa Penal. Miembro de la Comisión de Derecho Penal en Sociedad Peruana de Derecho. Directora Académica del Centro de Estudios e Investigación Scientia et Iuris – Santa.  

 

Megaoperación policial dejó más de 620 detenidos en el país | ATV.peEl siguiente artículo, la autora comparte sus reflexiones acerca de la vigente Ley 31012 – Ley de Protección Policial, repasando sus antecedentes y señalando aquellos aspectos que, en su opinión, requieren ser perfeccionados o subsanados, en aras de lograr su principal objetivo: garantizar la eficiencia del servicio del personal policial en el cumplimiento de su función constitucional al hacer uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria, para que así gocen la protección legal del Estado.


 

Recientemente se emitió la Ley N° 31012 “Ley de Protección Policial”. Es necesario aclarar que, si bien fue publicada el 28 de marzo del presente año, tras ser aprobada por nuestro nuevo Congreso; sin embargo, esta Ley fue esbozada hace un tiempo atrás con el anterior congreso disuelto mediante el Dictamen recaído en los proyectos 3848/2018-CR, 3860/2018-CR, 4027/2018-CR y 4361-2018-CR[1]; por lo cual, ante ello no nos encontramos frente una respuesta a la actual coyuntura de emergencia que estamos viviendo.

La finalidad de la presente Ley mediante el Art. 2°, es la de garantizar la eficiencia del servicio que proporciona el personal policial en el cumplimiento de su función constitucional, cuando estos hacen uso de sus armas o medio de defensa en forma reglamentaria, para que así gocen la protección legal del Estado. El referido término ejercicio regular de la función policial y el uso reglamentario de las armas, no difiere del sentido de las reglas jurídicas que existen desde antes de la publicación de la Ley N°31012.

Cuando adentramos en la referida forma reglamentaria, pero; ¿a qué se refiere el legislador con dicho término?, pues cuando el personal de las Fuerzas Armadas y Personal PNP hacían o hacen buen uso de sus armas, sujetas a cada una de sus instituciones. Ante ello, el policía o militar que hace uso reglamentario de la fuerza, no solamente no estará detenido preventivamente, sino que no irá preso. Por lo tanto, la presente Ley tiene calidad de anti técnica por ser innecesaria.

Debería hacerse hincapié en el 2 párrafo del art. 1 de la presente Ley, en el cual la razonabilidad de medios es una exigencia de la legítima defensa, que implica el uso del medio defensivo menos dañoso entre todas las alternativas de defensa idónea, que podrían estar a disposición del agredido (efectivo policial).

Ante lo mencionado no sería sensato que se permita el empleo del medio defensivo menos dañoso porque podría dar lugar a la idea de que dicho agente estaría habilitado para emplear el universo de medios defensivos idóneos, lo que se requiere al agente estatal es que cumpla las leyes que rigen su función constitucional en la actuación de su deber. El límite que tienen estos efectivos policiales en su actuar, no es la misma que cualquier ciudadano que se defiende frente a una agresión ilegítima, ya que se encuentra determinada por la normativa de la materia que fijó las pautas sobre cómo debe utilizarse la fuerza en ciertas circunstancias.

Respecto al principio de razonabilidad, el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el Exp. N°00002-2008-PI/TC[2], ha indicado que; para efectos de la regulación del uso de la fuerza letal, se deberá observar los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

IDL: Norma sobre uso de armas establece reglas claras para la ...En referencia a la legítima defensa, debería tomarse en manifestación las pautas fijadas mediante el Acuerdo Plenario N° 05-2019/CJ-116[3] de la Corte Suprema, en el cual aborda la problemática sobre la actuación policial y exención de responsabilidad. Ante esto, la persona que se encuentra agredida en una situación excepcional, está autorizada a poder impedir o rechazar una determinada agresión ilegitima. El personal de la Policía Nacional del Perú debe limitarse dentro del marco del deber, para que así pueda existir un legítimo ejercicio. 

El mencionado Art. 20, numeral 11 del Código Penal Peruano, tenía esa disposición “en forma reglamentaria” y la tuvo hasta que en enero de 2014 se eliminó dicha frase a través de la Ley N°. 30151[4], entonces lo que está haciendo la presente Ley, es más que todo restaurar dicha frase en forma reglamentaria.

Antes de emitirse la presente Ley, tenía otra descripción contextual bajo los términos en el cumplimiento de su deber, luego fue modificado por función constitucional, además de adicionarse en forma reglamentaria, dejando en mención el empleo de uso de armas u otro medio de defensa en un determinado contexto.

 

1. La nueva defensa legal gratuita de policías

Lo plasmado por la presente Ley, no se encuentra basado que los defensores públicos del Ministerio de Justicia que están en el ejercicio de poder defender a cualquier procesado común, lo hagan con los efectivos policiales. Lo que requiere esta Ley es de dotar al más efectivo, es decir al más especializado y capacitado para defenderlo en temas de fuerza en intervenciones, infracciones al uso de armas de fuego, disparos contra intervenidos que huyen, detenciones arbitrarias en ausencia de flagrancia, entre otros, su defensa radicará en un procurador público especializado en la defensa legal del Policía Nacional del Perú.

Aquí existe un punto muy cuestionable, ese trato diferenciado respecto a cualquier otro funcionario público, ya que un médico podría ser muy proclive a una denuncia por los trabajos delicados que puede realizar, estando ajustado dentro de sus protocolos institucionales y los funcionarios que se encuentran sumergidos dentro de las contrataciones estatales y muchos más ejemplos.

La razón de ser de este punto controvertido viene a raíz por el caso del efectivo policial piurano “Elvis Miranda”, su exitosa defensa no fue una privada, sino un equipo de abogados capacitados por el Ministerio del Interior obteniendo su libertad. A efectos de que no exista un trato diferenciado, a mi criterio es más factible el fortalecimiento de la defensa legal del Ministerio de Justicia para todos, así no crear una determinada defensa legal exclusiva para policías.

 

2. Prohibición de usar prisión preventiva

Uno de los puntos más polémicos fue referido a la prohibición de la prisión preventiva incorporado por el Art. 292-A[5], por lo que traía consigo una afectación a la finalidad del sistema cautelar. El legislador ha visto por conveniente que el delito que en sumas luces se encuentra probado, en ningún caso, amerite una prisión preventiva.

La crítica de este punto va a residir en que, no solo se soslaya la relevancia de la prognosis de la pena y el peligro procesal como requisitos de la prisión preventiva, sino en la intención negativa de un efecto político-criminalmente, es decir qué; si el efectivo policial no puede recibir prisión preventiva en ningún supuesto ¿Qué le impide alterar medios probatorios en su contra? ¿Qué le imposibilita convencer testigos, peritos u otros efectivos policiales para que lo beneficien?

Alcances sobre la prisión preventiva en el Perú: ¿ instrumento ...Ameritando un razonamiento tácito que todo personal de la PNP tendría arraigo laboral, familiar, domiciliario, entre otros; y, además de ello no poder presumírsele un peligro procesal. En este orden de ideas, existe un mensaje implícito que ellos siempre tendrán arraigo, no hay peligro de fuga y obstaculización. Esto debería someterse a una autoridad judicial para que pueda analizar la situación en cada caso concreto, bajo los principios de oralidad, inmediación y publicidad.

 

3. Vulneración a los principios constitucionales de independencia judicial e igualdad ante la ley

Existe una afectación simultánea a ambos, pero primero abordaremos a la independencia que rige en la actividad de la autoridad fiscal y judicial, como garantía constitucional plasmado en el Art. 139° numeral 2[6] de la Constitución Política, en concordancia con el artículo V[7] del Título Preliminar del Código Procesal Penal; ya que, el legislador está exigiendo una manera de pensar al juzgador, cuando esté se encuentra dentro de su independencia y podrá determinar si existió un adecuado uso de la fuerza. El fiscal atendiendo al principio de –legalidad procesal– se encuentra sometido a la Ley, ello no lo convierte en un aplicador de los dispositivos legales, tiene independencia de criterio para poder actuar dentro de los márgenes que le compete la ley, esto referido a la imposición o no de un requerimiento de prisión preventiva. Como es de observar por lo mencionado, contraviene al principio de división de poderes.

El principio de igualdad ante la Ley, reconocido por el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política. El legislador puede adicionar requisitos legales para un dictado de prisión preventiva, pero lo que no puede hacer es establecer requisitos diferentes únicamente en función de grupos de sujetos, que se encuentran igualmente responsables por hechos similares, pues existe una grave vulneración al principio de igualdad ante la Ley por crear un indebido privilegio para un sector mínimo de funcionarios. No hay, pues; razón alguna para poder considerar que un policía a diferencia de otro ciudadano, no vaya fugarse u obstruir la justicia.

La ley de Protección Policial transgrede la naturaleza de las medidas cautelares al optar únicamente –manera automática– la comparecencia con restricciones en todos los procesos penales seguidos contra miembros de la Policía Nacional del Perú.

 

4. Atentado al principio de proporcionalidad

Uno de los puntos para mi más preocupante no reside en la modificación del Art. 20° numeral 11 del Código Penal o la incorporación del Art. 292° – A, sino en la disposición complementaria de la presente Ley N° 31012, que deroga el literal c)[8] del numeral 4.1 del Art. 4 del Decreto Legislativo N° 1186, este presente Decreto que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y específicamente este literal c) del numeral 4.1 del art. 4, regulaba el principio de proporcionalidad en la actuación policial.

Principio de proporcionalidad en Derecho Penal - Derecho Penal

El mencionado literal c) es la positivización del principio de proporcionalidad en la actuación policial. La Ley N° 31012 cae en un torpe intento de eliminar el principio proporcionalidad, siendo base fundamental de nuestro sistema jurídico.

Ante ello puedo culminar con uno de los puntos que debió ser observado, en relación que existe una incertidumbre porque la presente Ley, no incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas que conjuntamente con la Policial Nacional del Perú, cumplen una labor trascendental y pueden verse expuestos por contextos de violencia.

La ley de Protección Policial, no solamente vulnera ciertos principios mencionados, sino que también transgrede criterios pertenecientes a la dogmática penal. Ante lo expuesto en las anteriores líneas debe buscarse una modificatoria a la presente Ley porque trae consigo muchos temas a discutir y cuestionar.

 


Notas:

[1] Mediante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contras las Drogas de fecha julio del 2019.

[2] Emitida por el pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú de fecha 09 de Setiembre del 2009.

[3] XI Pleno Jurisdiccional de la Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, con fecha 10 de Setiembre de 2019.

[4] Ley que modifica el inciso 11 del Artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa por personal de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional del Perú, publicado con fecha 13 de enero de 2014 en El Peruano.

[5] Art. 292-A.- Comparecencia restrictiva para el Policía Nacional del Perú; se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva” 

[6] Art. 139, numeral 2; La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.

[7] Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley.

[8] Proporcionalidad. – el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar.