Prueba penal: presunción de inocencia, congruencia, cosa juzgada







Jhonatan Peña | Gabriel Uscamayta

Miembros de la Escuela de Cultura Jurídica (Cusco)  

En el siguiente video, el profesor Jordi Nieva Fenoll nos explica, de manera didáctica, tres instituciones capitales del proceso penal: “Presunción de inocencia, congruencia, y cosa juzgada”.

Jhonatan Peña y Gabriel Uscamayta, miembros de la Escuela de Cultura Jurídica, de Cusco, nos dejan también sus comentarios sobre el tema.


 

La estigmatización del justiciable cuando afronta un proceso penal es constante, evidente y mediático. Y no solo por la difusión de los medios de comunicación clásicos. De hecho, desde la aparición de las redes masivas de socialización de internet (Facebook, twitter, whatsapp, etc.) esto se ha vuelto más crónico. Esta mala praxis ha empezado a invertir la regla general de la presunción de inocencia.  Hemos pasado de considerar el “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario” al “todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”[1].

La difusión y comercialización injustificada de la justicia penal no solo ha atropellado la presunción de inocencia en su faceta de regla de trato extraprocesal, sino también, en la regla de trato procesal. Al día de hoy creemos, en no pecar de “inocentes”, al intuir que la oleada de prisiones preventivas que han azotado al país durante el último año no es producto exclusivo de una moralidad de justicia, sino también, consecuencia de presiones mediáticas.   

Se ha olvidado que, al comercializar la justicia penal, se ha comercializado el “prejuicio de culpabilidad”. Con esto, es casi imposible que un juez o ciudadano sea imparcial, en la mayor medida de lo posible, al emitir sus juicios sobre el estado del procesado.

Es cierto que estamos en tiempos donde la ideología de los derechos ha llenado hasta el vacío del agnóstico más aferrado. Y en nombre de ella, el derecho a la información y otros han empezado a ser manipulados para satisfacer el morbo colectivo. Lamentablemente hemos perdido el horizonte y nos hemos vuelto hipócritas al aceptar esos derechos pero negar sus límites. Límites que habitan en otros derechos igual de importantes y que han sido custodiados desde siempre por la presunción de inocencia.

En cuanto a la congruencia, constituye un principio de eficiencia en el proceso penal, así como una exigencia del principio acusatorio, lo último de acuerdo a lo señalado por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al resolver el Recurso de Nulidad N° 1051-2017-Lima, en el que además se citó el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala (CIDH), sentencia supranacional que expresa que “el llamado principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación”. Esta postura parece estar sometida aun en discusión por la doctrina penal; el autor del video da cuenta de ello. 

Por lo que se refiere a la cosa juzgada, esta institución hace definitivo (inimpugnable –preclusivo– e irrevisable) el fallo de la sentencia, o como indica Jordi Nieva “es simplemente una prohibición de retiración de juicios”, aunque con ciertas particularidades en el proceso penal.

Para mayor referencia sobre la cosa juzgada puede revisarse su libro “Derecho Procesal I” de la editorial Marcial Pons. 

Derecho procesal I
    (Madrid, Marcial Pons, 2019, ISBN: 9788415948971, 310 págs.)

 


NOTAS AL FINAL

[1] Existió una postura abolicionista de la presunción de inocencia –véase Ferrer Beltrán, J. (2016). Una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia. En Motivación y racionalidad de la prueba. Lima – Perú: Editora y Librería Jurídica Grijley. E.I.R.L. p. 253–, la cual provino de la “…Escuela Positiva italiana: [conformado por] Raffaele Garofalo y Enrico Ferri, [quienes] consideraron «vacía» «absurda» e «ilógica» la fórmula misma de la presunción de inocencia, exigiendo el primero la prisión provisional obligatoria y generalizada para los delitos más graves…” –véase Ferrajoli, L. (2004). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid – España: Editorial Trotta. p. 550–.