Intervenciones corporales. Entrada y registro. Cadena de custodia. Imputación


Eduardo Castelo
Miembro de la Escuela de Cultura Jurídica (Cusco)  

El profesor Jordi Nieva Fenoll comenta, en este video, acerca de las diligencias de investigación: “Intervenciones corporales, entrada y registro de lugares cerrados, e imputación”.

En esta oportunidad, comparte sus apreciaciones Eduardo Castelo, miembro de la Escuela de Cultura Jurídica, de Cusco.


 

Respecto del primer punto, más allá de conocer la distinción entre intervenciones corporales e inspecciones corporales (que es importante hacerlo), se debe resaltar el hecho de que tales actuaciones se encuentran directamente vinculados con el derecho fundamental a la intimidad (personal y familiar)[1]. En tal sentido, su actuación va a girar en torno a tres momentos específicos, esto es: i) quien está facultado para hacerlo; ii) en qué circunstancias procede; y iii) como se legitima la decisión.

Sobre el primer momento, se tiene que, tanto en la gran mayoría de los distintos modos de realización de intervenciones corporales, como en los de una inspección corporal; quien normalmente lo hace (y está autorizado para hacerlo) es el personal efectivo policial; salvo que se trate del análisis concreto de una muestra tomada por el mismo, en cuyo caso será de cargo de un personal especializado[2].

Luego, dicha actuación -siempre- puede ser de oficio o, a petición de parte. Cuando es realizada a petición de parte no existirá mayor problema, en tanto el consentimiento de los sujetos sobre los cuales recaerá la actuación, termina por validar la misma (como en el caso de un sujeto que otorga autorización para que ingresen a su domicilio a que se realicen las pesquisas correspondientes).

Pero, cuando es realizada de oficio, el requisito mínimo, como regla general, es que su realización (en coordinación con la Fiscalía o, por mandato expreso de esta última) sea autorizada por el órgano jurisdiccional competente; y ello, sin perjuicio de que, en supuestos muy específicos, podrá ser realizado antes de la misma (tales serían los casos de flagrancia delictiva o procedimientos de rutina en aeropuertos y terminales portuarios, por poner algunos ejemplos). Lógicamente, esto último, estará condicionado a que, una vez terminada la actuación, sea validado por el órgano jurisdiccional que corresponda.

En tal sentido, para la actuación de este segundo supuesto (sea que se cuente -o no- con la autorización judicial correspondiente), básicamente se requiere que dicha decisión sea tomada sobre la base del llamado fumus delicti comissi (o sospecha grave de la comisión de un delito y su vinculación con el -presunto- sujeto activo) y la urgencia (o necesidad) de la medida. No obstante, consideramos que este criterio debe ser analizado -siempre- en función del principio de proporcionalidad (o ponderación); en tanto tales actuaciones podrían terminar afectando derechos fundamentales.

Esto, a su vez, significa que, teniendo la sospecha grave de la comisión de un delito conjuntamente con la  necesidad urgente de  adoptar alguna acción, el principio de proporcionalidad servirá  para determinar en cada  caso concreto: i) si la  medida  a adoptar (sea que se trate de una intervención o inspección corporal, en sus distintas modalidades) sirve para alcanzar el fin que se pretende (es decir, es idónea); ii) si no existe otra medida alternativa a la misma, para alcanzar dicho fin (es decir, es la  – estrictamente- necesaria); y, por último, iii) si es proporcional al derecho que se podría ver afectado con su actuación en el caso concreto (proporcionalidad en sentido estricto).

Todo ello es útil dentro de un Estado Constitucional de Derecho, a efectos de que tales actuaciones puedan encontrar la legitimidad que se les exige. De manera que, no basta con la sospecha grave y una -presunta- urgencia de adoptar determinadas medidas; sino que, tanto la  autoridad policial  (en coordinación con la  Fiscalía), como la  judicial, deberán de justificar y, sobre todo, legitimar la decisión antes de tomarla.

Por otro lado, este mismo criterio podrá ser perfectamente aplicado para los casos de entrada y registro de bienes, en sus distintas modalidades; esto, en tanto dicha actuación también se encuentra directamente vinculada con el derecho fundamental a la intimidad -personal y familiar-.

Con lo cual, cuando se trate de allanar un domicilio o de hacer un registro de un computador o teléfono móvil, la autoridad policial en coordinación con la Fiscalía (y sea que se cuente -o no- con la autorización judicial correspondiente); deberá de tomar la decisión sobre la base del fumus delicti comissi y la urgencia de la medida. Pero, ambas analizadas en función del principio de proporcionalidad. Y todo ello, sin perjuicio de las precisiones hechas para los casos de flagrancia delictiva y otros supuestos específicos.

Sobre el tema, la publicación de editorial Marcial Pons, 2019.

Ahora bien, en lo respecta a la cadena de custodia, actualmente se tiende a (por decirlo así) un excesivo culto a la formalidad que reviste la misma; es decir, al estricto cumplimiento de todos y cada uno de los pasos establecidos en el reglamento que la rige. No obstante, si bien este aspecto es bastante importante, también existen otros aspectos a tomar muy en consideración.

Uno de ellos, como ya se ha dicho, viene a ser el primer momento que da inicio a todo este procedimiento; esto es, el del recojo de una muestra a ser analizada (o, el de algunos otros materiales que se encuentren en el lugar de los hechos). Lo cual, a su vez, va a comprender, no solo el hecho de que tales muestras y materiales tengan una vinculación directa con el hecho delictivo a ser investigado (o que ya se encuentre en investigación, según sea el caso); sino también que el recojo de los mismos sea realizado con los instrumentos necesarios, por un perito especializado (o, al menos, por un personal con las capacidades mínimas en la materia).

Ambos, en conjunto, son los que marcarán el camino hasta el momento de su exhibición y análisis de sus resultados, al interior del proceso. Pues, si el material o muestra recogidos han sufrido algún tipo de alteración; o, si han sido incorporados en la escena, lógicamente existe una gran probabilidad que los resultados no sean los que se espera.

Pero, igualmente si es que los mismos no han sido correctamente acopiados y asegurados haciendo uso de la instrumentación necesaria y adecuada; o, si no han sido observados, identificados y manipulados por un personal especializado; consecuentemente  los  resultados  también  podrían terminar  teniendo  una  variación inesperada.

De manera que, todo esto conjuntamente con el cumplimiento de todos demás pasos que comprende el procedimiento de cadena de custodia, determinarán finalmente la autenticidad de las muestras o materiales recogidos; tan necesarios y tan importantes para el desarrollo y orientación del proceso.

Por último, en lo respecta a la imputación se tiene que, su existencia va a requerir no solo que su actuación sea realizada sobre la base de indicios razonables; sino también que sea dispuesta por la autoridad competente.

En tal sentido, en el caso peruano tenemos que, por un lado, estos indicios razonables se resumen a la sola sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de un delito[3]; lo cual, puntualmente tendrá que incluir: i) una narración detallada de los hechos y ii) la individualización del presunto responsable[4]. Y, del otro, que la autoridad competente para realizar dicha actuación, viene a ser la Fiscalía, en tanto titular de la acción penal[5].

Con lo cual, el punto a tener en cuenta en este aspecto, vendría a ser el hecho de cuan viable es que la sola presencia de uno o más indicios razonables, sea el presupuesto básico de una imputación. O, mejor, ¿por qué es exigible únicamente este tipo de indicios y no algo más?

Bien, ello es así, básicamente porque tal actuación realizada en sede Fiscal, no tiene mayores repercusiones que las de justamente poner en  conocimiento de  un sujeto determinado, que se está iniciando una investigación penal, por la aparente comisión de un hecho delictivo que lo vincula a él como presunto responsable (o uno de los presuntos responsables, según sea el caso).

No obstante, la praxis judicial nos exige poner -también- la vista en el rol que debe cumplir la autoridad competente durante el desarrollo que importa esta actuación; esto es, por un lado: i) que tenga bien claro que tanto el hecho delictivo a ser investigado, como su presunta  vinculación  con el  sujeto, aún  no se  encuentran completamente determinados; y, del otro, ii) que los actos de investigación comprenden tanto la búsqueda, como el acopio de todo el material posible (de cargo y de descargo), que le va a servir para formular -o no- una acusación[6]. Esto último, lógicamente comprende la participación efectiva del sujeto que estará siendo investigado.

Es de esta forma que la imputación termina por encontrar justificación en los términos en los que actualmente se encuentra regulada; en tanto que, una inversión del sentido que le corresponde a  la misma,  evidenciaría  la  necesidad, bien de elevar estándar probatorio exigible para su concreta actuación; o, bien de imponer algunas que otras restricciones a la autoridad encargada de realizarla (por poner algunos ejemplos).

 


NOTAS AL FINAL

[1] El mismo que se encuentra reconocido en el artículo 2, numeral 7, de la Constitución Política del Perú.

[2] En esa línea, los artículos 210, 211, 212 y ss. del Código Procesal Penal (2004).

[3] Artículo 329, numeral 1, del Código Procesal Penal (2004).

[4] Esto, conforme se desprende de lo previsto en el artículo 328, numeral 1, del CPP (2004).

[5] Artículo II, del Título Preliminar del CPP (2004).

[6] Esto, conforme se desprende de los artículos IV, numeral 2; 61, numeral 2; y 321, numeral 1, del CPP (2004).